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¿Cómo crecerá la oferta de matrícula del sistema educativo? ¿cuáles deberían ser los niveles de crecimiento prioritario? ¿qué déficit educativos son los arrastrados del pasado y cuáles son los nuevos desafíos que trae el siglo XXI?
Estas y otras interrogantes son parte de las preocupaciones que el país tiene en materia de educación.
Los peruanos ¿cuántos seremos?
Hace 35 años la población peruana crecía con una tasa anual del 2.8% y los menores de 15 años aumentaban en 750 mil. De acuerdo a los datos proyectados por el INEI, en el año 2011, la población peruana superará los 30 millones de habitantes. Seremos aproximadamente dos millones más de peruanos respecto de los que se proyectan para el 2006.
El 80% del incremento poblacional se produciría en zonas urbanas; aún así, en el 2011, la población rural representaría parte importante de la población: el 26.6%.
El INEI estima que para el próximo período gubernamental, la tasa anual de crecimiento de la población total sería la mitad de la observada en el período 1970-1975.
¿Cómo evolucionará la población en edad escolar?
La población en edad escolar -hasta los 24 años- crecería a un ritmo cuatro veces menor que el de la población total y, comparado con el 2006, los menores de 15 años de edad habrían disminuido en 131 mil personas en el 2011. En cambio, los jóvenes que están en el grupo de edad entre los 15 y 24 años aumentarían en 385 mil.
Tener una estructura poblacional en donde los menores de 15 años crecen negativamente disminuye las presiones por demanda de educación básica. No obstante, aumenta la demanda por las modalidades de educación superior que requieren una inversión mayor por estudiante.
¿Cómo crecerían las oportunidades de educación?
Se estima que en el 2005 el sistema educativo atiende a 9´140.500 miles de alumnos. Para el 2011, la matrícula podría incrementarse hasta los 9´388.900 miles de alumnos; es decir, a un promedio de 41 300 alumnos más cada año.
Estimación: INIDEN, en base a la estadística de crecimiento la matrícula 2004-2004 del Ministerio de Educación.
La característica principal del comportamiento de la matrícula en el quinquenio siguiente será la reducción del alumnado de la educación primaria -en más de un cuarto de millón de alumnos- y el fuerte crecimiento de la educación secundaria. En la educación primaria, la reducción de la matrícula podría ser aún mayor si el nuevo gobierno decidiese dar una dura y exitosa batalla a los fracasos escolares. Sin disminuir oportunidades de acceso al sistema se ganaría en eficiencia. Para ello se necesitan amplias acciones preventivas para evitar la repetición de grado o el abandono estudiantil en las escuelas. Si el Estado invirtiese el 10% de los 538 millones de soles que cuesta anualmente la repetición y el abandono escolar en programas de ampliación de la jornada laboral para los alumnos en riesgo de repetir el año escolar, seguramente el costo de los fracasos escolares podría disminuir en un 50 a 60%.
Cabe indicar que será la modalidad de educación secundaria de menores la que más crezca, pues su matrícula aumentaría en más de 360 mil alumnos; en cambio, en la modalidad de secundaria de adultos habría 105 mil estudiantes menos. La misma tendencia de crecimiento negativo se observa en la educación primaria de adultos.
Aún cuando el crecimiento de la secundaria sea dinámico, será difícil reducir las brechas de escolarización que el país tiene en su interior y respecto de los países más desarrollados. Para que las oportunidades sean más equitativas en este nivel de enseñanza se necesitaría invertir fuertemente en infraestructura escolar en el área rural, pues únicamente un 20% de los jóvenes de las comunidades rurales accede a la educación secundaria. De otro lado, los países miembros de la OCDE están acercándose a una escolarización universal para su población de 5 a 20 años cercana al 100%.
Otras ofertas de crecimiento dinámico serían la educación universitaria y la educación inicial. En esta última, la tendencia es a disminuir la oferta de programas no escolarizados, pues está demostrada su baja calidad, a menudo a cargo de animadoras con bajo nivel de instrucción y con poco que aportar al desarrollo de los infantes.
Una consecuencia derivada del comportamiento de la matrícula es que se necesitarán cada vez menos profesores. Excluida la educación universitaria, para incrementar la oferta educativa y reemplazar a los que se retiran del magisterio se necesitarán unos 4 350 nuevos profesores por año. De institutos y facultades de educación cada año egresan más de 20 mil profesores.
A fin de no agravar el problema de estos egresados, habrá que continuar con las acciones ya iniciadas por el Ministerio de Educación de limitar el ingreso a institutos superiores pedagógicos que no reúnen algunos de los requisitos básicos para funcionar y ofrecer un mínimo de calidad. Ello ha contribuido a disminuir la matrícula en esas instituciones. Esta medida debería ser imitada por las universidades donde la matrícula en las facultades de educación continúa incrementándose. De las 1 153 carreras profesionales ofrecidas por las universidades, 139 (12%), corresponden a carreras en el ámbito de la educación.
¿Es posible mejorar el rendimiento de los alumnos?
Once años de escolaridad básica sirven de poco para que la mayoría de estudiantes peruanos adquiera los conocimientos y las capacidades necesarias para continuar estudios superiores. Lo muestran las evaluaciones nacionales de los aprendizajes que el Ministerio de Educación ha aplicado en los años, en especial las del 2001 y 2004.
Que a nivel nacional sólo el 12.1% de los alumnos de 6º grado de primaria y el 9.8% de los que están en 5º año de secundaria logren los resultados esperados en las pruebas de comprensión lectora aplicada en el 2004, dice mucho de la calidad del servicio educativo. Peor aún es la situación en matemáticas, donde el 7.9% y el 2.9% de los estudiantes de los grados mencionados logra los resultados esperados.
Ciertamente que el alumno no es el principal responsable de estos resultados. Entre un 49% y 73% de ellos indican que sus profesores no les transmiten aprendizajes asociados a la comunicación integral. En el caso de Matemáticas estos porcentajes van desde el 59% al 74%. Entonces, surgen preguntas como las siguientes: ¿es el diseño curricular demasiado ambicioso o no factible de ser ejecutado en el tiempo disponible? ¿las metodologías de enseñanza y de evaluación promovidas por el Ministerio de Educación son suficientemente comprendidas y empleadas adecuadamente por los profesores? ¿los profesores emplean bien el tiempo de aprendizaje? ¿el nivel de inasistencia a clases de profesores y alumnos es muy alto?
Lo que parece estar comprobado y reconocido por muchos de los profesores de los alumnos evaluados es la dificultad que tienen para transmitir aprendizajes. Según el Ministerio de Educación:
En Comunicación Integral: La mayoría de docentes de los estudiantes evaluados resuelve básicamente preguntas relacionadas con un nivel de lectura literal o mínimamente inferencial (tareas en las que se les pide extraer ideas expresadas literalmente en una o más proposiciones o parafrasear la información de una parte del texto). Muestra dificultades para interpretar la relación de dos o más ideas evaluando su coherencia y para realizar inferencias globales en torno al texto.
En Lógico Matemática: La mayor parte de los docentes resuelve básicamente problemas rutinarios de carácter algorítmico, totalmente estructurados y definidos. Además, pueden extraer información directa de gráficos. Tienen dificultades para resolver problemas indirectos de dos o tres etapas que exigen la construcción de estrategias novedosas, extraer información indirecta de gráficos, tomar decisiones a partir de los resultados obtenidos y formular modelos matemáticos.
Un estudio realizado por INIDEN hace algunos años alertaba de esta situación. A preguntas muy simples de suma y resta de número simples, cálculo de porcentajes y regla de tres simple, el rendimiento de los futuros maestros era mucho menor que el de los alumnos de 5º año de secundaria de los colegios estatales y casi 50% menor que el de los alumnos de dicho año de estudios de los colegios privados.
El problema de los bajos rendimientos debe tener como un eje principal de solución revertir las débiles capacidades para enseñar de una buena mayoría de profesores que ingresan al servicio y de los que ya están trabajando en las escuelas. La evaluación institucional y la evaluación del desempeño de los profesores aparecen como medidas indispensables e impostergables.
Adicionalmente, el Ministerio de Educación debería realizar una autoevaluación de sus políticas fuertemente centralistas y poco estables replanteando las constantes modificaciones a los diseños curriculares, las capacitaciones que no toman en consideración las necesidades de los maestros en el aula, los frenos a una más amplia autonomía de gestión administrativa y pedagógica que deben de tener los centros educativos. Estos últimos deben tener capacidad para seleccionar y evaluar el personal con que trabajarán, definir sus estilos de gestión pedagógica y de organización, sus herramientas de gestión.
Igualmente el bajo rendimiento tiene que ver con varios factores del entorno de la escuela. La desnutrición, el bajo nivel de ingresos y de educación de las familias y la elevada tasa de trabajo infantil contribuyen fuertemente a la desigualdad de resultados y demandan una mayor intervención intersectorial en el sistema educativo.
¿Se necesita una nueva carrera pública magisterial?
Actualmente los maestros están regidos por la Ley Nº 24029 y su modificatoria, la Ley Nº 25212. Incumplida en varios de sus alcances y obsoleta en otros, la Ley del Profesorado demanda ser urgentemente reemplazada.
Se requieren reformas sustanciales en la concepción, estructura y desarrollo de la profesión docente en instituciones educativas del Estado, de manera de hacerla atractiva económicamente, que aliente la permanencia en el sistema educativo de los mejores profesores, que haga más exigente el requisito para incorporarse al servicio público, que posibilite el desarrollo de una cultura de evaluación del desempeño laboral, que recompense a los mejor evaluados y que permita la salida de los maestros ineficientes. Hay una propuesta en debate que no debería dejar de perderse, sea bajo la presión del sindicato de educadores que no quiere que los maestros sean evaluados en su desempeño, sea por consideraciones de tipo electoral.
La antigüedad es, para la actual Ley del Profesorado, el factor principal de promoción y ascenso en la carrera magisterial. Debería dar paso a la meritocracia, expresada en el logro de buenos resultados con los alumnos, la contribución al desarrollo de las instituciones educativas y la preocupación por el desarrollo profesional.
La evaluación del desempeño docente será un tema difícil pero necesario de implementar, en parte debido a la escasa cultura de evaluación que existe entre los maestros y, por otra parte, debido a que a nadie le gusta que lo evalúen. No obstante, hay que reconocer que los profesores del servicio público son de los pocos grupos profesionales no evaluados en su desempeño, a pesar que están acostumbrados a evaluar el desempeño de sus alumnos.
Mientras en la escuela pública persistan como causas fundamentales del retiro de la carrera de un profesor sean la jubilación, el retiro voluntario o una falta muy grave de conducta, será difícil lograr avances positivos en términos de calidad de la enseñanza. Hay que seguir el ejemplo de muchas escuelas privadas y de otras organizaciones, en donde el buen desempeño es la principal causa de finalización de la relación laboral de un profesor. Es una de las razones por las que el promedio de los logros educativos en esas escuelas son entre tres a cinco veces superiores a los de la escuela pública.
¿Estamos suficientemente implementados para competir?
Investigaciones comparadas señalan que para garantizar posibilidades aceptables de vencer la pobreza y alcanzar condiciones suficientes de bienestar, se necesita que la población del grupo de edad 35 a 54 años tenga como mínimo diez años de escolaridad. De otro lado, para que el capital humano se traduzca en crecimiento estable se necesitan altos porcentajes de población con educación secundaria y superior.
En ambos indicadores el Perú enfrenta problemas de logro y un considerable descuido de sus políticas de formación técnica y profesional. La brecha de nivel educativo mínimo que requiere la fuerza de trabajo peruana para ser suficientemente competitiva es todavía grande, en especial en el área rural y entre la población de 35 años y más. Nada más inequitativo que comparar el 25% de tasa de analfabetismo en el área rural frente al 5.9% en el área urbana, o los 6.1 grados de instrucción promedio del habitante de área rural, frente a los 10.1 grados educativo promedio en el área urbana. Mientras la tercera parte de la población rural tiene algún grado de educación secundaria o superior, en el área urbana lo tienen las tres cuartas partes de la población. En algunas zonas del país, como los departamentos con mayor pobreza, se necesitaría elevar en no menos de cuatro o cinco grados el nivel educativo de la población de 35 a 54 años para facilitar una reducción sensible y sostenida de la pobreza y la mejora de las condiciones de vida.
Por lo tanto, los problemas de la educación peruana no se sitúan exclusivamente en el ámbito escolar. A corto y mediano plazo, el aumento de la competitividad del país requiere de grandes esfuerzos de mejora de la educación y la calificación de la población trabajadora. Lamentablemente no contamos con un sistema de formación profesional que articule la oferta de formación y la demanda de empleo, tampoco con un sistema de orientación para los inversionistas y los estudiantes que informe sobre los tipos de ocupaciones y profesionales que necesitan las organizaciones del sector productivo y de servicios, sobre las perspectivas de ingresos económicos para los egresados de las especialidades, el tipo de carreras en las que no se debería invertir ni matricularse puesto que el mercado está saturado. En tercer lugar, se carece de un sistema de incentivos que permitan una presencia más activa del sector productivo en el desarrollo de ofertas técnicas de calidad.
Aunque parezca tarde expresarlo, hay que recordar que es mejor invertir en educación durante los primeros años de vida. Lograr educar a un adulto en un equivalente a cuatro años de educación secundaria supone, de acuerdo a estándares internacionales, un costo equivalente a cuatro veces lo que hubiese costado educarlo a tiempo, cuando era niño.
Las Universidades ¿Cómo aportar más al desarrollo?
Más de medio millón de alumnos asiste a las universidades y poco más del 20% de la población mayor de 15 años cuenta con estudios superiores. En Europa la población que tiene estudios superiores alcanza el 60%.
El actual estilo de desarrollo de la Universidad muestra algunos comportamientos que deberían corregirse; entre ellos los siguientes: una oferta masificada y desarticulada de lo que se necesita para crecer; la excesiva duración de los estudios; altas tasas de deserción con estudiantes que nunca llegan a titularse; la escasa flexibilidad de los planes de formación que no permite cambiar de estudios a mitad de camino; y una insuficiente reflexión acerca de su transformación, de hacia donde va el país y cómo insertarse en la globalización. La Universidad ha perdido capacidad competitiva en términos de calidad e inversión por estudiante: la mayoría de universidades no puede dar un estándar de excelencia duradera.
Será imposible generalizar la excelencia en todas las universidades. Por esta razón, lo recomendable sería priorizar, en base a exigentes reglas de juego, a un grupo de ellas para que participen en las políticas siguientes:
1. Especializar su quehacer, haciéndolas muy competitivas en lo que el país necesita, en lo que ellas pueden ofrecer en el país e internacionalmente.
2. Atraer a estudiantes de alto nivel a fin de obtener estándares académicos altos.
3. Reformar sus titulaciones, a partir de un análisis realizado en conjunto con las organizaciones profesionales y de empleadores.
4. Introducir un sistema nacional flexible de créditos académicos, basado no en las horas de clase que recibe el estudiante sino en las actividades que realiza. Les permitiría cambiar de carrera con mayor facilidad y facilitar su movilidad de una universidad a otra.
5. Actualizar constantemente los diseños de formación articulándolos a la evolución del conocimiento y necesidades de la producción.
6. Incrementar las relaciones con otras universidades del mundo.
7. Convocar a concursos, con apoyo de las empresas y los Gobiernos Regionales, para que grupos de docentes y estudiantes universitarios participen activamente en la creación de empresas tecnológicas ligadas a la creación de "Polos de desarrollo tecnológico" o "Parques científicos" regionales. Capacitar a quienes se beneficien de este programa en temas de realidad económica de la investigación; gestión y asuntos de propiedad intelectual.
8. Con apoyo de los gremios de empresarios, convocar a las universidades para la creación de Centros de Pensamiento Estratégico en torno al desarrollo productivo regional y nacional, y la comprensión de la economía moderna.
¿Podremos aspirar un aumento de la participación del presupuesto educativo en el PBI?
Mientras el Estado no se decida invertir fuertemente en Educación, será difícil revertir la crisis educativa y los costos que ella acarrea en términos de competitividad y desarrollo sostenido del país.
En el año 2002, cuando se aprueba el Acuerdo Nacional y se adopta por consenso la decisión que el presupuesto de educación debería incrementarse progresivamente hasta alcanzar el 6% respecto del PBI, el sector Educación participaba del 3.92%. Al finalizar el gobierno del presidente Toledo el presupuesto sectorial 2006 sólo representa el 3.5% del PBI.
Casi las tres cuartas partes del aumento del presupuesto público de apertura para educación en el período 2002-2006[1] se han dirigido a financiar el aumento al magisterio estatal y la diferencia principalmente a los aumentos otorgados a los trabajadores universitarios y al personal administrativo del sector. Lo grave es que se hicieron sin ninguna condición al magisterio estatal de mejora de resultados. Los únicos recursos frescos son los derivados de convenios con la cooperación financiera internacional (Banco Mundial y BID). Casi no hubo recursos por parte del Tesoro Público para acciones de mejora de la calidad; por el contrario, se racionaliza el presupuesto de personal y las partidas para bienes, servicios e inversiones continúan casi congeladas.
Se ha llegado a una situación en la que la inversión por estudiante resulta una de las más bajas de América Latina. El costo promedio por estudiante, de US$ 251 es inferior al de la mayoría de países
Aumentar la participación del presupuesto de educación en el PBI requiere de actitudes como la del Presidente de Uruguay, Tabaré Vasquez, quién para cumplir con su promesa electoral de elevar hasta el 4.5% la participación del presupuesto de la educación pública en el PBI, dispuso reformular el presupuesto quinquenal presentado por el Ministro de Economía Danilo Astori quién defendía las metas de equilibrio fiscal acordadas con el FMI. La crisis se superó, pero se impuso el liderazgo presidencial y casi se produjo la renuncia del Ministro de Economía ¿Podremos aspirar a que alguno de nuestros futuros Presidentes tome similar actitud? Esperemos que así sea.
Costos promedio por alumno
Fuente: tomado de Antonio Sancho et. al (2001)
Invertir más en Educación pasa por la necesidad que funcionarios de los Ministerios de Economía y Finanzas y Educación comiencen a hablar el mismo lenguaje en términos de prioridades de política y de financiamiento. Por ahora el primero lo que busca es frenar las demandas de gasto y que la poca inversión que se ejecuta sea muy eficaz en el corto plazo. En cambio, el Ministerio de Educación piensa en escenarios de mayor horizonte temporal, en el entendido que ninguna reforma cualitativa importante es posible en el corto plazo. Si no se da un acercamiento político y técnico en esas dos miradas será poco lo que se avance.
Si bien ambos Ministerios tienen que poner de su parte, deberá exigirse al Ministerio de Educación elevar la rigurosidad técnica de sus propuestas de reforma, haciéndolas concretas y atractivas para el Ministerio de Economía y Finanzas. Hay especialistas que opinan que los argumentos empleados por los técnicos de educación para fundamentar la necesidad de nuevos recursos son poco convincentes producto de la poca claridad en la comprensión de lo que necesita la educación para desplegar.
El objetivo del Ministerio de Educación debería ser convertir al Ministerio de Economía y Finanzas en el principal aliado de la educación. Un camino es el trabajo en campos de interés común de ambas instituciones; por ejemplo, los que tienen que ver con metas concretas y a plazo determinado de la reducción de los índices de abandono y repetición escolar o la ejecución de un plan de mejora de la productividad sectorial que incluya la reducción de la burocracia central, regional y de UGEL ligada a la profesionalización de cuadros, la modernización de los procedimientos, economías de tiempo y costos y el perfeccionamiento del sistema de información para la mejora de la toma de decisiones.
Además, es imprescindible evaluar la cantidad de centros de enseñanza que deberían funcionar en el país. Con una matrícula que es el doble que la que hay en Chile, Perú tiene casi siete veces más centros educativos. En Colombia o Argentina, donde hay un mayor número de estudiantes matriculados, el número de centros educativos es casi la mitad de los que existen en Perú. Tener una excesiva cantidad de centros educativos es oneroso y altamente ineficaz. Se dificultan y multiplican inútilmente las tareas de apoyo a los centros educativos, aumentan las demandas de nombramiento de directores y de infraestructura y equipamiento; los gastos de servicios de agua y luz crecen, se emplea ineficientemente la carga docente y los costos para llevar las nuevas tecnologías a los colegios se vuelven casi imposibles de financiar.
¿Y los desafíos de la globalización?
La globalización demanda a los ciudadanos de cualquier país el desarrollo de algunas capacidades indispensables para convivir y competir en mejores condiciones. Metas como el desarrollo progresivo de un idioma extranjero; en especial el inglés, así como capacidades para el manejo de las herramientas de las nuevas tecnologías deberían ser parte de cualquier plan de gobierno en educación. Como ya se comienza a adoptar en algunos países, los responsables de las políticas educativas deberían evaluar la conveniencia de introducir, como área básica del currículum las nuevas tecnologías, así como redefinir las características del programa Huascarán, que sin pena ni gloria fue ejecutado por la actual administración del presidente Toledo.
Estas y otras interrogantes son parte de las preocupaciones que el país tiene en materia de educación.
Los peruanos ¿cuántos seremos?
Hace 35 años la población peruana crecía con una tasa anual del 2.8% y los menores de 15 años aumentaban en 750 mil. De acuerdo a los datos proyectados por el INEI, en el año 2011, la población peruana superará los 30 millones de habitantes. Seremos aproximadamente dos millones más de peruanos respecto de los que se proyectan para el 2006.
El 80% del incremento poblacional se produciría en zonas urbanas; aún así, en el 2011, la población rural representaría parte importante de la población: el 26.6%.
El INEI estima que para el próximo período gubernamental, la tasa anual de crecimiento de la población total sería la mitad de la observada en el período 1970-1975.
¿Cómo evolucionará la población en edad escolar?
La población en edad escolar -hasta los 24 años- crecería a un ritmo cuatro veces menor que el de la población total y, comparado con el 2006, los menores de 15 años de edad habrían disminuido en 131 mil personas en el 2011. En cambio, los jóvenes que están en el grupo de edad entre los 15 y 24 años aumentarían en 385 mil.
Tener una estructura poblacional en donde los menores de 15 años crecen negativamente disminuye las presiones por demanda de educación básica. No obstante, aumenta la demanda por las modalidades de educación superior que requieren una inversión mayor por estudiante.
¿Cómo crecerían las oportunidades de educación?
Se estima que en el 2005 el sistema educativo atiende a 9´140.500 miles de alumnos. Para el 2011, la matrícula podría incrementarse hasta los 9´388.900 miles de alumnos; es decir, a un promedio de 41 300 alumnos más cada año.
Estimación: INIDEN, en base a la estadística de crecimiento la matrícula 2004-2004 del Ministerio de Educación.La característica principal del comportamiento de la matrícula en el quinquenio siguiente será la reducción del alumnado de la educación primaria -en más de un cuarto de millón de alumnos- y el fuerte crecimiento de la educación secundaria. En la educación primaria, la reducción de la matrícula podría ser aún mayor si el nuevo gobierno decidiese dar una dura y exitosa batalla a los fracasos escolares. Sin disminuir oportunidades de acceso al sistema se ganaría en eficiencia. Para ello se necesitan amplias acciones preventivas para evitar la repetición de grado o el abandono estudiantil en las escuelas. Si el Estado invirtiese el 10% de los 538 millones de soles que cuesta anualmente la repetición y el abandono escolar en programas de ampliación de la jornada laboral para los alumnos en riesgo de repetir el año escolar, seguramente el costo de los fracasos escolares podría disminuir en un 50 a 60%.
Cabe indicar que será la modalidad de educación secundaria de menores la que más crezca, pues su matrícula aumentaría en más de 360 mil alumnos; en cambio, en la modalidad de secundaria de adultos habría 105 mil estudiantes menos. La misma tendencia de crecimiento negativo se observa en la educación primaria de adultos.
Aún cuando el crecimiento de la secundaria sea dinámico, será difícil reducir las brechas de escolarización que el país tiene en su interior y respecto de los países más desarrollados. Para que las oportunidades sean más equitativas en este nivel de enseñanza se necesitaría invertir fuertemente en infraestructura escolar en el área rural, pues únicamente un 20% de los jóvenes de las comunidades rurales accede a la educación secundaria. De otro lado, los países miembros de la OCDE están acercándose a una escolarización universal para su población de 5 a 20 años cercana al 100%.
Otras ofertas de crecimiento dinámico serían la educación universitaria y la educación inicial. En esta última, la tendencia es a disminuir la oferta de programas no escolarizados, pues está demostrada su baja calidad, a menudo a cargo de animadoras con bajo nivel de instrucción y con poco que aportar al desarrollo de los infantes.
Una consecuencia derivada del comportamiento de la matrícula es que se necesitarán cada vez menos profesores. Excluida la educación universitaria, para incrementar la oferta educativa y reemplazar a los que se retiran del magisterio se necesitarán unos 4 350 nuevos profesores por año. De institutos y facultades de educación cada año egresan más de 20 mil profesores.
A fin de no agravar el problema de estos egresados, habrá que continuar con las acciones ya iniciadas por el Ministerio de Educación de limitar el ingreso a institutos superiores pedagógicos que no reúnen algunos de los requisitos básicos para funcionar y ofrecer un mínimo de calidad. Ello ha contribuido a disminuir la matrícula en esas instituciones. Esta medida debería ser imitada por las universidades donde la matrícula en las facultades de educación continúa incrementándose. De las 1 153 carreras profesionales ofrecidas por las universidades, 139 (12%), corresponden a carreras en el ámbito de la educación.
¿Es posible mejorar el rendimiento de los alumnos?
Once años de escolaridad básica sirven de poco para que la mayoría de estudiantes peruanos adquiera los conocimientos y las capacidades necesarias para continuar estudios superiores. Lo muestran las evaluaciones nacionales de los aprendizajes que el Ministerio de Educación ha aplicado en los años, en especial las del 2001 y 2004.
Que a nivel nacional sólo el 12.1% de los alumnos de 6º grado de primaria y el 9.8% de los que están en 5º año de secundaria logren los resultados esperados en las pruebas de comprensión lectora aplicada en el 2004, dice mucho de la calidad del servicio educativo. Peor aún es la situación en matemáticas, donde el 7.9% y el 2.9% de los estudiantes de los grados mencionados logra los resultados esperados.
Ciertamente que el alumno no es el principal responsable de estos resultados. Entre un 49% y 73% de ellos indican que sus profesores no les transmiten aprendizajes asociados a la comunicación integral. En el caso de Matemáticas estos porcentajes van desde el 59% al 74%. Entonces, surgen preguntas como las siguientes: ¿es el diseño curricular demasiado ambicioso o no factible de ser ejecutado en el tiempo disponible? ¿las metodologías de enseñanza y de evaluación promovidas por el Ministerio de Educación son suficientemente comprendidas y empleadas adecuadamente por los profesores? ¿los profesores emplean bien el tiempo de aprendizaje? ¿el nivel de inasistencia a clases de profesores y alumnos es muy alto?
Lo que parece estar comprobado y reconocido por muchos de los profesores de los alumnos evaluados es la dificultad que tienen para transmitir aprendizajes. Según el Ministerio de Educación:
En Comunicación Integral: La mayoría de docentes de los estudiantes evaluados resuelve básicamente preguntas relacionadas con un nivel de lectura literal o mínimamente inferencial (tareas en las que se les pide extraer ideas expresadas literalmente en una o más proposiciones o parafrasear la información de una parte del texto). Muestra dificultades para interpretar la relación de dos o más ideas evaluando su coherencia y para realizar inferencias globales en torno al texto.
En Lógico Matemática: La mayor parte de los docentes resuelve básicamente problemas rutinarios de carácter algorítmico, totalmente estructurados y definidos. Además, pueden extraer información directa de gráficos. Tienen dificultades para resolver problemas indirectos de dos o tres etapas que exigen la construcción de estrategias novedosas, extraer información indirecta de gráficos, tomar decisiones a partir de los resultados obtenidos y formular modelos matemáticos.
Un estudio realizado por INIDEN hace algunos años alertaba de esta situación. A preguntas muy simples de suma y resta de número simples, cálculo de porcentajes y regla de tres simple, el rendimiento de los futuros maestros era mucho menor que el de los alumnos de 5º año de secundaria de los colegios estatales y casi 50% menor que el de los alumnos de dicho año de estudios de los colegios privados.
El problema de los bajos rendimientos debe tener como un eje principal de solución revertir las débiles capacidades para enseñar de una buena mayoría de profesores que ingresan al servicio y de los que ya están trabajando en las escuelas. La evaluación institucional y la evaluación del desempeño de los profesores aparecen como medidas indispensables e impostergables.
Adicionalmente, el Ministerio de Educación debería realizar una autoevaluación de sus políticas fuertemente centralistas y poco estables replanteando las constantes modificaciones a los diseños curriculares, las capacitaciones que no toman en consideración las necesidades de los maestros en el aula, los frenos a una más amplia autonomía de gestión administrativa y pedagógica que deben de tener los centros educativos. Estos últimos deben tener capacidad para seleccionar y evaluar el personal con que trabajarán, definir sus estilos de gestión pedagógica y de organización, sus herramientas de gestión.
Igualmente el bajo rendimiento tiene que ver con varios factores del entorno de la escuela. La desnutrición, el bajo nivel de ingresos y de educación de las familias y la elevada tasa de trabajo infantil contribuyen fuertemente a la desigualdad de resultados y demandan una mayor intervención intersectorial en el sistema educativo.
¿Se necesita una nueva carrera pública magisterial?
Actualmente los maestros están regidos por la Ley Nº 24029 y su modificatoria, la Ley Nº 25212. Incumplida en varios de sus alcances y obsoleta en otros, la Ley del Profesorado demanda ser urgentemente reemplazada.
Se requieren reformas sustanciales en la concepción, estructura y desarrollo de la profesión docente en instituciones educativas del Estado, de manera de hacerla atractiva económicamente, que aliente la permanencia en el sistema educativo de los mejores profesores, que haga más exigente el requisito para incorporarse al servicio público, que posibilite el desarrollo de una cultura de evaluación del desempeño laboral, que recompense a los mejor evaluados y que permita la salida de los maestros ineficientes. Hay una propuesta en debate que no debería dejar de perderse, sea bajo la presión del sindicato de educadores que no quiere que los maestros sean evaluados en su desempeño, sea por consideraciones de tipo electoral.
La antigüedad es, para la actual Ley del Profesorado, el factor principal de promoción y ascenso en la carrera magisterial. Debería dar paso a la meritocracia, expresada en el logro de buenos resultados con los alumnos, la contribución al desarrollo de las instituciones educativas y la preocupación por el desarrollo profesional.
La evaluación del desempeño docente será un tema difícil pero necesario de implementar, en parte debido a la escasa cultura de evaluación que existe entre los maestros y, por otra parte, debido a que a nadie le gusta que lo evalúen. No obstante, hay que reconocer que los profesores del servicio público son de los pocos grupos profesionales no evaluados en su desempeño, a pesar que están acostumbrados a evaluar el desempeño de sus alumnos.
Mientras en la escuela pública persistan como causas fundamentales del retiro de la carrera de un profesor sean la jubilación, el retiro voluntario o una falta muy grave de conducta, será difícil lograr avances positivos en términos de calidad de la enseñanza. Hay que seguir el ejemplo de muchas escuelas privadas y de otras organizaciones, en donde el buen desempeño es la principal causa de finalización de la relación laboral de un profesor. Es una de las razones por las que el promedio de los logros educativos en esas escuelas son entre tres a cinco veces superiores a los de la escuela pública.
¿Estamos suficientemente implementados para competir?
Investigaciones comparadas señalan que para garantizar posibilidades aceptables de vencer la pobreza y alcanzar condiciones suficientes de bienestar, se necesita que la población del grupo de edad 35 a 54 años tenga como mínimo diez años de escolaridad. De otro lado, para que el capital humano se traduzca en crecimiento estable se necesitan altos porcentajes de población con educación secundaria y superior.
En ambos indicadores el Perú enfrenta problemas de logro y un considerable descuido de sus políticas de formación técnica y profesional. La brecha de nivel educativo mínimo que requiere la fuerza de trabajo peruana para ser suficientemente competitiva es todavía grande, en especial en el área rural y entre la población de 35 años y más. Nada más inequitativo que comparar el 25% de tasa de analfabetismo en el área rural frente al 5.9% en el área urbana, o los 6.1 grados de instrucción promedio del habitante de área rural, frente a los 10.1 grados educativo promedio en el área urbana. Mientras la tercera parte de la población rural tiene algún grado de educación secundaria o superior, en el área urbana lo tienen las tres cuartas partes de la población. En algunas zonas del país, como los departamentos con mayor pobreza, se necesitaría elevar en no menos de cuatro o cinco grados el nivel educativo de la población de 35 a 54 años para facilitar una reducción sensible y sostenida de la pobreza y la mejora de las condiciones de vida.
Por lo tanto, los problemas de la educación peruana no se sitúan exclusivamente en el ámbito escolar. A corto y mediano plazo, el aumento de la competitividad del país requiere de grandes esfuerzos de mejora de la educación y la calificación de la población trabajadora. Lamentablemente no contamos con un sistema de formación profesional que articule la oferta de formación y la demanda de empleo, tampoco con un sistema de orientación para los inversionistas y los estudiantes que informe sobre los tipos de ocupaciones y profesionales que necesitan las organizaciones del sector productivo y de servicios, sobre las perspectivas de ingresos económicos para los egresados de las especialidades, el tipo de carreras en las que no se debería invertir ni matricularse puesto que el mercado está saturado. En tercer lugar, se carece de un sistema de incentivos que permitan una presencia más activa del sector productivo en el desarrollo de ofertas técnicas de calidad.
Aunque parezca tarde expresarlo, hay que recordar que es mejor invertir en educación durante los primeros años de vida. Lograr educar a un adulto en un equivalente a cuatro años de educación secundaria supone, de acuerdo a estándares internacionales, un costo equivalente a cuatro veces lo que hubiese costado educarlo a tiempo, cuando era niño.
Las Universidades ¿Cómo aportar más al desarrollo?
Más de medio millón de alumnos asiste a las universidades y poco más del 20% de la población mayor de 15 años cuenta con estudios superiores. En Europa la población que tiene estudios superiores alcanza el 60%.
El actual estilo de desarrollo de la Universidad muestra algunos comportamientos que deberían corregirse; entre ellos los siguientes: una oferta masificada y desarticulada de lo que se necesita para crecer; la excesiva duración de los estudios; altas tasas de deserción con estudiantes que nunca llegan a titularse; la escasa flexibilidad de los planes de formación que no permite cambiar de estudios a mitad de camino; y una insuficiente reflexión acerca de su transformación, de hacia donde va el país y cómo insertarse en la globalización. La Universidad ha perdido capacidad competitiva en términos de calidad e inversión por estudiante: la mayoría de universidades no puede dar un estándar de excelencia duradera.
Será imposible generalizar la excelencia en todas las universidades. Por esta razón, lo recomendable sería priorizar, en base a exigentes reglas de juego, a un grupo de ellas para que participen en las políticas siguientes:
1. Especializar su quehacer, haciéndolas muy competitivas en lo que el país necesita, en lo que ellas pueden ofrecer en el país e internacionalmente.
2. Atraer a estudiantes de alto nivel a fin de obtener estándares académicos altos.
3. Reformar sus titulaciones, a partir de un análisis realizado en conjunto con las organizaciones profesionales y de empleadores.
4. Introducir un sistema nacional flexible de créditos académicos, basado no en las horas de clase que recibe el estudiante sino en las actividades que realiza. Les permitiría cambiar de carrera con mayor facilidad y facilitar su movilidad de una universidad a otra.
5. Actualizar constantemente los diseños de formación articulándolos a la evolución del conocimiento y necesidades de la producción.
6. Incrementar las relaciones con otras universidades del mundo.
7. Convocar a concursos, con apoyo de las empresas y los Gobiernos Regionales, para que grupos de docentes y estudiantes universitarios participen activamente en la creación de empresas tecnológicas ligadas a la creación de "Polos de desarrollo tecnológico" o "Parques científicos" regionales. Capacitar a quienes se beneficien de este programa en temas de realidad económica de la investigación; gestión y asuntos de propiedad intelectual.
8. Con apoyo de los gremios de empresarios, convocar a las universidades para la creación de Centros de Pensamiento Estratégico en torno al desarrollo productivo regional y nacional, y la comprensión de la economía moderna.
¿Podremos aspirar un aumento de la participación del presupuesto educativo en el PBI?
Mientras el Estado no se decida invertir fuertemente en Educación, será difícil revertir la crisis educativa y los costos que ella acarrea en términos de competitividad y desarrollo sostenido del país.
En el año 2002, cuando se aprueba el Acuerdo Nacional y se adopta por consenso la decisión que el presupuesto de educación debería incrementarse progresivamente hasta alcanzar el 6% respecto del PBI, el sector Educación participaba del 3.92%. Al finalizar el gobierno del presidente Toledo el presupuesto sectorial 2006 sólo representa el 3.5% del PBI.
Casi las tres cuartas partes del aumento del presupuesto público de apertura para educación en el período 2002-2006[1] se han dirigido a financiar el aumento al magisterio estatal y la diferencia principalmente a los aumentos otorgados a los trabajadores universitarios y al personal administrativo del sector. Lo grave es que se hicieron sin ninguna condición al magisterio estatal de mejora de resultados. Los únicos recursos frescos son los derivados de convenios con la cooperación financiera internacional (Banco Mundial y BID). Casi no hubo recursos por parte del Tesoro Público para acciones de mejora de la calidad; por el contrario, se racionaliza el presupuesto de personal y las partidas para bienes, servicios e inversiones continúan casi congeladas.
Se ha llegado a una situación en la que la inversión por estudiante resulta una de las más bajas de América Latina. El costo promedio por estudiante, de US$ 251 es inferior al de la mayoría de países
Aumentar la participación del presupuesto de educación en el PBI requiere de actitudes como la del Presidente de Uruguay, Tabaré Vasquez, quién para cumplir con su promesa electoral de elevar hasta el 4.5% la participación del presupuesto de la educación pública en el PBI, dispuso reformular el presupuesto quinquenal presentado por el Ministro de Economía Danilo Astori quién defendía las metas de equilibrio fiscal acordadas con el FMI. La crisis se superó, pero se impuso el liderazgo presidencial y casi se produjo la renuncia del Ministro de Economía ¿Podremos aspirar a que alguno de nuestros futuros Presidentes tome similar actitud? Esperemos que así sea.
Costos promedio por alumno
Fuente: tomado de Antonio Sancho et. al (2001)
Invertir más en Educación pasa por la necesidad que funcionarios de los Ministerios de Economía y Finanzas y Educación comiencen a hablar el mismo lenguaje en términos de prioridades de política y de financiamiento. Por ahora el primero lo que busca es frenar las demandas de gasto y que la poca inversión que se ejecuta sea muy eficaz en el corto plazo. En cambio, el Ministerio de Educación piensa en escenarios de mayor horizonte temporal, en el entendido que ninguna reforma cualitativa importante es posible en el corto plazo. Si no se da un acercamiento político y técnico en esas dos miradas será poco lo que se avance.
Si bien ambos Ministerios tienen que poner de su parte, deberá exigirse al Ministerio de Educación elevar la rigurosidad técnica de sus propuestas de reforma, haciéndolas concretas y atractivas para el Ministerio de Economía y Finanzas. Hay especialistas que opinan que los argumentos empleados por los técnicos de educación para fundamentar la necesidad de nuevos recursos son poco convincentes producto de la poca claridad en la comprensión de lo que necesita la educación para desplegar.
El objetivo del Ministerio de Educación debería ser convertir al Ministerio de Economía y Finanzas en el principal aliado de la educación. Un camino es el trabajo en campos de interés común de ambas instituciones; por ejemplo, los que tienen que ver con metas concretas y a plazo determinado de la reducción de los índices de abandono y repetición escolar o la ejecución de un plan de mejora de la productividad sectorial que incluya la reducción de la burocracia central, regional y de UGEL ligada a la profesionalización de cuadros, la modernización de los procedimientos, economías de tiempo y costos y el perfeccionamiento del sistema de información para la mejora de la toma de decisiones.
Además, es imprescindible evaluar la cantidad de centros de enseñanza que deberían funcionar en el país. Con una matrícula que es el doble que la que hay en Chile, Perú tiene casi siete veces más centros educativos. En Colombia o Argentina, donde hay un mayor número de estudiantes matriculados, el número de centros educativos es casi la mitad de los que existen en Perú. Tener una excesiva cantidad de centros educativos es oneroso y altamente ineficaz. Se dificultan y multiplican inútilmente las tareas de apoyo a los centros educativos, aumentan las demandas de nombramiento de directores y de infraestructura y equipamiento; los gastos de servicios de agua y luz crecen, se emplea ineficientemente la carga docente y los costos para llevar las nuevas tecnologías a los colegios se vuelven casi imposibles de financiar.
¿Y los desafíos de la globalización?
La globalización demanda a los ciudadanos de cualquier país el desarrollo de algunas capacidades indispensables para convivir y competir en mejores condiciones. Metas como el desarrollo progresivo de un idioma extranjero; en especial el inglés, así como capacidades para el manejo de las herramientas de las nuevas tecnologías deberían ser parte de cualquier plan de gobierno en educación. Como ya se comienza a adoptar en algunos países, los responsables de las políticas educativas deberían evaluar la conveniencia de introducir, como área básica del currículum las nuevas tecnologías, así como redefinir las características del programa Huascarán, que sin pena ni gloria fue ejecutado por la actual administración del presidente Toledo.
fuente :Hugo Diaz , Especialista en el estudio y evaluación de políticas educativas.
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